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MAZÓN DEBE RESPONDER

La juez de Catarroja que instruye la causa de la DANA sorprendió a propios y extraños este martes al enviar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la exposición razonada en la que pide que el expresident Carlos Mazón sea investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia agravado, por lo que califica de «grosera» negligencia y pasividad en la gestión de la catástrofe que el 29 de octubre de 2024 se saldó con la muerte de 230 personas. La sorpresa no fue tanto por el hecho en sí de que la magistrada pidiera la imputación del exjefe del Consell. Desde que le invitó a declarar voluntariamente en calidad de tal y por tres veces estaba claro que iba a elevar dicha petición al tribunal competente al ser Mazón aforado y, por tanto, no poder citarlo ella. Sino porque se había extendido previamente el rumor de que la juez iba a pedir una nueva prórroga ante la cantidad de testigos que aún quedan por declarar. Sin embargo, la magistrada no ha hecho otra cosa que cumplir con las normas procesales, que le obligan a hacer un alto en sus indagaciones en cuanto los indicios que haya reunido le lleven a pensar que hay materia suficiente para investigar a un aforado. En ese momento, debe elevar su exposición a la instancia por encima de ella. Es decir, la juez no podía demorar el traslado al TSJ y dejarlo para el final de la instrucción si había llegado a la convicción de que Mazón tenía que ser imputado, porque lo contrario dejaría al propio Mazón en la indefensión, convidado de piedra de un proceso que avanzaría con él de principal protagonista pero sin derecho a réplica. Cierto es, como se ha dicho, que se le invitó a comparecer de forma voluntaria. Pero es su derecho negarse y lo ha ejercido. El TSJ tiene ahora que decidir si admite el caso o lo devuelve a la juez. Si lo admite, incluso si fuera para resolver luego su archivo provisional o, cosa harto improbable, para dictar el sobreseimiento, Mazón adquiriría de inmediato la condición de investigado, lo que tendría consecuencias políticas también inmediatas. Los estatutos del PP no exigen que un imputado deba devolver su acta o ser expulsado si no lo hace. Pero la coyuntura política deja pocas salidas al partido y a su sucesor al frente del Gobierno autonómico que no sea esa. Los juristas no tienen una opinión unánime sobre lo que en derecho corresponde hacer. No son pocos los que creen que lo más factible es que el tribunal devuelva la causa a la magistrada. Eso supondría que la sala del TSJ no considera que esos indicios «reforzados» que se necesitan para imputar a un aforado estén suficientemente argumentados en la exposición de la juez. La magistrada podría seguir practicando diligencias y nada le impediría más adelante elevar al órgano superior una nueva petición para que investigue a Mazón. Patada a seguir, se diría en rugby. Pero esta opción no deja de ser problemática. Porque de hacerlo así, ocurrirían dos cosas: primero, que la magistrada tendría las manos aún más atadas de lo que hasta aquí las ha tenido para seguir indagando la cadena de responsabilidades en la nefasta gestión del 29-O, puesto que ya habría fracasado una vez en su intento de que se investigue la cúspide de esa cadena, que es Mazón; y segundo, que la magistrada no podría volver a pedir la imputación del expresidente si no aparecieran hechos nuevos relevantes. Pero esos hechos tendrían que seguir procediendo de terceros, porque mientras no devuelva su acta de diputado Mazón continuará siendo un aforado al que la juez no puede llamar a declarar ni las partes personadas pueden interrogar. Así que es difícil que las acciones sobre el exjefe del Consell volvieran a plantearse con éxito si ahora no prosperan. Por eso, a riesgo de que ustedes me saquen en unas semanas los colores, creo que el TSJ optará por la imputación. Porque puede haber dudas. Pero en Derecho, la duda juega papeles diferentes en función del momento del proceso en que el caso se encuentre. Si estamos en el punto de emitir el fallo, todos conocemos la sentencia latina in dubio, pro reo. La duda actúa a favor del acusado. Pero si estamos en la instrucción, la duda debe inclinar la balanza a favor de investigar. Precisamente porque esa duda tiene que despejarse y sólo hay una manera de hacerlo. Voy a poner un ejemplo, de los muchos que podría: los whatsapp que se cruzaron el día de la Gran Riada Mazón y José Manuel Cuenca, su jefe de gabinete, se han convertido en una de las claves principales de este asunto. Porque Cuenca era prácticamente el único que tenía hilo directo con él, por lo que saber lo que se dijeron es fundamental para conocer el grado de información (y de preocupación o desinhibición) que el jefe del Consell tenía. Y porque esos mensajes pueden certificar si cuando Cuenca hablaba a su vez con la consellera de Emergencias («de confinar nada, Salo») le estaba dando, o no, órdenes de parte del presidente. Pero Cuenca, que al no estar aforado sí ha tenido que declarar ante la juez, dijo haberlos borrado. ¿Tenemos que presuponer que Mazón también los borró? ¿No podemos preguntarle, al menos, si lo hizo o no? Pues sólo el TSJ, imputándole, puede hacerle a Mazón esa pregunta o requerirle esos mensajes, cuyo borrado, por cierto, fue prueba de cargo para el Supremo en el juicio contra el exfiscal general del Estado. Mazón ha pagado un alto precio político por su nefasta gestión de la DANA. Y, sin duda, también un elevado coste personal. Pero ahora estamos en el terreno de la responsabilidad penal, que también debe dilucidarse. Con el cúmulo de mentiras y contradicciones que a lo largo de más de un año hemos tenido todos que soportar (ayer mismo su exjefa de Prensa reconoció a la juez que muchas de las explicaciones que se difundieron desde el equipo de Comunicación del Palau durante los días siguientes eran falsas), es difícil que ni los más fieles pudieran entender que el caso se saldara sin ni siquiera preguntar al exjefe del Consell sobre lo que hizo, lo que no hizo y por qué actuó aquella jornada, siendo presidente, con menor diligencia que cualquier administrativo sin mando en plaza. La juez ha sido taxativa en su escrito al TSJ, al señalar que todo el sistema de Emergencias se atascó desde el mismo instante en que él entró en el restaurante El Ventorro. La veterana periodista María Consuelo Reyna, nada sospechosa de querer el mal para el PP, lo resumió también gráficamente en la entrevista que hace unos meses le hizo el director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, cuando dijo que Mazón era el único aquel día que podía coger un helicóptero y presentarse «en Paiporta, en Chiva, donde fuera» para saber de primera mano lo que estaba ocurriendo. En lugar de eso, como es sabido, prolongó su comida hasta altas horas, cuando ya se temía que había muertes. Ahora también se ha conocido que, después de declarar a las puertas del Centro de Emergencias que la noche iba a ser «larga», pidió a su chófer que le llevara a casa. Era la 1 de la madrugada y al Cecopi había llegado a las 8 y media de la tarde. Así que la jornada fue larga para todos, menos para el máximo responsable de la Comunitat. El expresident no puede no responder a tantos interrogantes como él mismo ha propiciado. Sea cual sea la sentencia final, la mayor ofensa que se podría hacer a la memoria de quienes murieron sería que fueran precisamente los tribunales los que impidieran desmadejar la espesa tela de araña que Mazón ha ido tejiendo a su alrededor desde aquel fatídico día, no admitiendo la petición de la magistrada o lanzando balones fuera. Que esta tragedia acabara sin que el expresident fuera interrogado sería tanto como enterrar por segunda vez, pero en un pozo aún más profundo, a las víctimas. Mazón puede ser culpable o inocente. Lo que no puede es seguir siendo el único actor en este drama al que se le permita hacer mutis por el foro. No sería justo. Seguir leyendo